Autor: desarrollo@ssh

Se fue el papa Francisco y, además de un gasto de varios millones, nos dejó su insuficiente declaración sobre el Sodalicio, tan tardía y extemporánea como lo demuestra su realización en pleno vuelo de regreso a Roma. Pero también nos dejó en evidencia que existe un gran sector de la sociedad obnubilado por la religión, que no tiene problema en pasar por alto el escandaloso encubrimiento a sacerdotes abusadores y pisotear en el proceso el dolor de las víctimas.

Para los diversos firmantes que ahora nos manifestamos, el principal problema es la evidencia de que en la práctica no existe un Estado laico en el Perú. El modo en que se manejaron las cifras, publicitando un gasto de 37 millones de soles para luego confesar a dos días del fin de la visita que en realidad eran 50 millones, nos habla de la poca voluntad del gobierno para tratar los detalles con la transparencia necesaria.

Sin embargo, el tema económico pasa a un segundo plano cuando consideramos el ambiente represivo y de censura que se creó por la organización del evento, en el cual estuvimos prácticamente sumidos en un estado de sitio. Como si estuviéramos aún en tiempos del Virreinato y la Inquisición, el Estado prohibió para todo efecto práctico las movilizaciones, marchas o acciones de protesta durante los días de la visita papal, y la policía llevó dicha orden al extremo en un clarísimo e inaceptable atentado contra la libertad de expresión. En pleno siglo XXI, el Estado peruano vetó mediante la coerción cualquier expresión pacífica de protesta o contraria a la religión cristiana, con el pretexto de mantener el orden. Al respecto, denunciamos los siguientes hechos:

1. La noche del martes 16 de enero, la APERAT (Asociación Peruana de Ateos) proyectó sobre una pared vecina a la Nunciatura Apostólica mensajes que recordaban la impunidad de la que goza Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio. Las noticias rebotaron esta acción como si la proyección de la imagen hubiera sido de Abimael Guzmán, e incluso la DIRCOTE (Dirección Contra el Terrorismo) realizó una investigación. Es inaudito que nuestra policía pudiera llegar a confundir a ambos personajes, por lo cual era evidente el afán de acoso y amedrentamiento.
2. El 17 de enero, el Ministerio del Interior publicó un comunicado en el que informaba de la ausencia de garantías para marchas y movilizaciones durante la visita del papa. Esta medida, por sí misma, censuraba a los detractores de la visita papal y atentaba contra la libertad de expresión. En específico, terminó censurando las opiniones críticas a una religión y a algunas acciones concretas de la Iglesia que merecen una respuesta de las autoridades eclesiásticas (como la decisión de proteger a personas acusadas de violación de menores, y la firma de concordatos con dictaduras militares como Argentina, Brasil, y Perú). Esta medida fue interpretada por la Policía Nacional como una carta blanca para detener a las personas que se encontraran mostrando carteles o manifestando posiciones críticas al papa y la Iglesia.
3. La noche del mismo 17 de enero, la policía antimotines desalojó violentamente de la plaza San Martín a un grupo de activistas del colectivo femenino «Malas maneras», quienes portaban un cartel y gritaban la frase «El papa protege pederastas». Luego de llevarlas fuera de la plaza, pretendieron arrancharles sus pancartas.
4. El 18 de enero fue detenida María Fernanda Arias sólo por llevar un cartel cuyo mensaje era «El papa encubre pederastas». A ella le pidieron su DNI y no le dieron ninguna razón para ello. María Fernanda entregó inmediatamente su identificación, pero la policía insistió en llevarla a la comisaría porque no tenían sistema. https://redaccion.lamula.pe/2018/01/18/papa-francisco-en-peru-lima-protesta-detencion-policia-nacional-detenida-maria-fernanda/jorgepaucar/?platform=hootsuite
5. El 19 de enero, un joven fue detenido por portar un cartel con la frase «¿Dónde quedó el Estado laico?». A pesar de estar debidamente identificado y de manifestarse pacíficamente y no oponer resistencia, fue llevado a la comisaría en un claro acto de amedrentamiento.
6. En la madrugada del 20 de enero, tres jóvenes estudiantes que desean mantener su nombre en reserva fueron objeto de una agresiva detención mientras intentaban realizar una pinta en una pared abandonada a horas de la madrugada en la avenida Garcilaso de la Vega, que decía «A los violadores los cuida el papa Francisco». Se les condujo a la comisaria de Alfonso Ugarte, donde pernoctaron. Luego, ya en la mañana, se les trasladó a la Dirección de Seguridad del Estado, donde se les mantuvo muchas horas más sin facilidades ni alimentación. Pudieron salir solamente tras el apoyo de algunos colectivos. Constatamos que tenían moretones en el cuerpo y la ropa rasgada. La fiscal pertinente las hostigó por atentar contra la visita del papa y por tener entre sus plantillas «la figura de una hoz y el martillo», cuando en realidad era un puño que sostenía una linterna. Finalmente, las acusó del delito de alterar el orden público, y su proceso judicial continúa.
7. El sábado 20 de enero, durante la visita a Trujillo, un grupo activista colgó un cartel con la frase «Francisco, amigo, ¿Figari está contigo?», el cual fue arrancado por una turba católica y tuvo que ser repuesto. Ante esto, las cámaras registraron la intervención de un miembro del Ejército que pretendía forzar el levantamiento del cartel.

A los abajo firmantes nos preocupa que el Estado se muestre tan claramente contrario a la libertad de expresión de un sector de la ciudadanía y tan favorable a una institución religiosa específica, que es a la vez la que tiene mayor poder político y económico en el país. Los hechos arriba mencionados, más las ingentes exoneraciones tributarias a la iglesia católica, el dictado del curso de religión en los colegios y la negativa a denunciar el espurio Concordato firmado en 1980 durante los últimos días de la dictadura militar son síntomas claros de que no existe un Estado laico en el Perú. Separar a la iglesia del Estado y hacer que este sea neutral en materia de creencias es fundamental como plataforma para los derechos civiles reclamados por muchos grupos minoritarios y que son resistidos por sectores religiosos a los cuales estos derechos no les afectan en lo más mínimo.

Creencia sin injerencia, religión con tributación.
¡Estado laico ya!

Henry Llanos Ch.
Presidente
Asociación Peruana de Ateos

Helmut Kessel M.
Presidente
Sociedad Secular Humanista del Perú

Susana Chávez
Directora
Promsex

Ricardo Zavala T.
Presidente
Asociación de Librepensadores de Arequipa

Lourdes Miranda H.
Presidenta
Círculo Humanista Secular de Trujillo

Daniela Sebastiani S.
Presidenta
Ateístas Trujillanos

María Fernanda Arias
Activista detenida el 18-01
Ivette Elías R.

Administradora
Página «Herejes Peruanos»

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Ayer jueves 28, el diario Perú21 reprodujo unas declaraciones del locutor Phillip Butters respecto de la próxima visita del papa Francisco al Perú, en las cuales aprovecha para denostar a las personas por no compartir sus creencias personales.

Al respecto, la Sociedad Secular Humanista del Perú manifiesta lo siguiente:

1. Las observaciones a la Costa Verde como local para una eventual misa del papa Francisco tienen un sustento puramente técnico, referido a las garantías de seguridad ofrecidas por el lugar para una alta concentración de asistentes. El propio Colegio de Arquitectos del Perú ha hecho eco de las observaciones de los técnicos del Ministerio del Interior. Por lo tanto, las declaraciones de Butters en cuanto a que a los integrantes del Poder Ejecutivo la seguridad «les importa un rábano», son completamente falsas.

2. Phillip Butters es conocido por su estrategia de satanizar a los grupos minoritarios, de modo que no sorprende en absoluto que en esta ocasión se haya prodigado en contra de los no creyentes. Cuando pregunta «¿Qué tanto se meten los ateos?», Butters pretende sacar la polémica por el escenario de la misa papal de los terrenos estrictamente técnicos, a los que debe circunscribirse, para reducirla a un asunto de personas y de pugna de creencias.

3. La visita papal tampoco es cuestión de preferencias personales o sentimientos, como pretende establecer Butters cuando dice «Quieren fastidiar la venida del papa, no les interesa que sea exitosa». A los no creyentes no nos interesa que los demás tengan o no creencias. Si los católicos desean una visita papal, que la financien principalmente los católicos, y que el Estado peruano no efectúe desembolsos excesivos, más allá de lo necesario para mantener el orden y la seguridad. Una parte de los millones del dinero público que se empleará en esta visita proviene de tributos de los no católicos, a quienes no se ha consultado. Los impuestos de los seguidores de otros credos, así como de los no creyentes, no deben alegremente destinarse a financiar al catolicismo.

4. Está bien documentado que las visitas papales son financiadas con el dinero de los contribuyentes, sean católicos o no. No estamos frente a un simple acto de difusión religiosa, sino a un conocido acuerdo político en que el Gobierno se beneficia de índices de popularidad y aprobación, mientras El Vaticano aprovecha para invisibilizar sus problemas internos. En nuestro caso, el Perú tiene una serie de prioridades de inversión, reconstrucción y déficits de infraestructura suficientes para considerar innecesaria la millonaria inversión del Estado en esta discutible visita. Más aún, esta se da en un contexto en que el propio papa Francisco ha blindado a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio y múltiples veces acusado de abuso de menores, a quien ha elogiado por poseer «el carisma del espíritu santo». Rechazamos tajantemente la complicidad del Estado peruano ante esta maniobra para echarle tierra a un escándalo de pederastia y callar las voces de las víctimas que reclaman justicia. Entendemos que El Vaticano proteja a sus abusadores y depredadores porque lo viene haciendo hace siglos, pero el Estado que representa a nuestro país no puede ser cómplice de un lobby religioso que perpetra tales barbaridades.

5. Al margen de las folklóricas declaraciones de Butters, es oportuno llamar la atención de la opinión pública sobre la inaceptable injerencia de la iglesia católica en espacios que no le corresponden. Las transferencias directas de dinero que recibe por parte del Estado suman unos pocos millones, pero las exoneraciones tributarias representan muchísimo más. Las demás religiones se financian con sus propios diezmos y donaciones, sin extraer fondos públicos. El trato preferencial a la iglesia católica en ese aspecto debe terminar de una vez.

6. La intervención católica también es inaceptable en la educación, pues con la complicidad del Estado se dedica a adoctrinar a la niñez y la adolescencia peruanas a través del curso mal llamado de «religión», que en verdad es catecismo católico. Esta y otras formas de intromisión de la iglesia en la sociedad civil se fundamentan en el espurio Concordato firmado por el dictador Morales Bermúdez en 1980, pocos días antes de abandonar el poder. Es un tratado inválido por no haber sido refrendado jamás por ningún parlamento peruano, de modo que el Estado debería dejar de tomarlo en cuenta y acabar con tantos nocivos privilegios.

Creencia sin injerencia, religión con tributación.

Lima, viernes 29 de setiembre de 2017

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Los abajo firmantes, ciudadanos indignados ante los abusos de índole físico, psicológico y sexual cometidos por el “Sodalitium Christianae Vitae”, y considerando la magnitud de la crisis moral y ética que se ha evidenciado, sin antecedentes en nuestra historia y que ha comprometido a la Iglesia Católica en todas sus instancias, emitimos el presente pronunciamiento:

1. Reivindicación. Es de justicia reconocer el papel que el librepensamiento peruano ha cumplido en el inicio de las investigaciones, en la motivación de las denuncias y en la estructuración del desarrollo de esta lucha laicista con el apoyo de la prensa alternativa local e internacional. Los librepensadores peruanos, junto con algunos padres de familia afectados, han sido los que por excepción, heroica y estoicamente, han cargado con la responsabilidad histórica de analizar, registrar, sintetizar y denunciar el accionar de esta infame rama del catolicismo peruano, y han aportado decididamente al resultado final que se dio en octubre de 2015 con la aparición del libro “Mitad monjes, mitad soldados”.

2. Estado laico. Para los seres humanos, un Estado laico es la forma más civilizada de vivir y convivir, pues se basa en el respeto y la tolerancia entre los diversos credos entre sí, y también entre creyentes y no creyentes. Por tanto, exigimos a todos los estamentos gubernamentales, religiosos y sociales nacionales que se respete el régimen de independencia establecido en el artículo 50º de la Constitución y no se privilegie a ningún credo en especial, como se hace con el catolicismo.

3. Derogación del Concordato. El Concordato, firmado clandestinamente en 1980 entre la Santa Sede y el Gobierno dictatorial de Francisco Morales Bermúdez, jamás ha sido discutido ni ratificado por ningún Congreso de la República. Beneficia unilateralmente al estado Vaticano y ha sido el sustento formal y legal sobre el cual el Sodalitium Christianae Vitae ha podido aparecer y desarrollarse, tanto en el campo religioso como también en el político, el educacional y, principalmente, en el ámbito financiero y empresarial, al privilegiarse con la exoneración de diversos impuestos de la que goza actualmente la Iglesia Católica. Existen muchas otras razones legales, históricas y éticas que exigen la derogatoria inmediata de este Concordato, que desvirtúa el espíritu laico como plataforma universal del desarrollo humano.

4. Disolución del Sodalitium. El Sodalitium Christianae Vitae es una organización peruana y debe ser sometido a la justicia peruana, investigado y sancionado por sus delitos, abusos y omisiones. Debe dictaminarse una medida cautelar sobre su extenso patrimonio y sus empresas en los ámbitos nacional e internacional, para garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada reparación. Dado que esta organización nació viciada por el engaño, la violencia, el racismo, la ideología fascista, el totalitarismo, la arrogancia, la intolerancia y la persuasión coercitiva en jóvenes con la consiguiente destrucción sistemática de la institución familiar, que es la base de la sociedad peruana, y principalmente por ser una organización contaminada por el execrable delito de la pederastia religiosa, exigimos que el Sodalitium Christianae Vitae sea definitivamente disuelto y erradicado de la sociedad peruana.

5. Conciencia nacional. Ante la vergonzosa pasividad e indiferencia de los organismos estatales, que deberían haber velado por la integridad física y la salud mental de nuestra niñez y juventud, exigimos, en el ámbito público, la inmediata intervención y pronunciamiento del Congreso de la República (legislación), el Ministerio de RR.EE. (Concordato), el Ministerio del Interior (denuncias policiales), el Ministerio de Justicia (demandas penales), el Ministerio de Educación (apafas y contenidos educativos), el Ministerio de Salud (salud mental), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (abusos de menores), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (ACI Prensa), la Defensoría del Pueblo (vulneraciones), la SUNAT (exoneraciones tributarias) y otros organismos estatales encargados de la defensa y la protección de los niños. En el ámbito privado, demandamos un pronunciamiento de las ONG de derechos humanos (derecho a la libertad de conciencia), del Colegio Médico del Perú (mala práctica médica) y de la Asociación Psiquiátrica Peruana (asesoramiento a víctimas), quienes a pesar de existir indicios y pruebas del accionar del Sodalitium desde hace más de 20 años, no se han manifestado públicamente ante la magnitud de esta crisis delictiva, moral y ética, generada en la vida nacional a lo largo de los 44 años de existencia de esta organización criminal. Ello ha dejado a las víctimas del Sodalitium en total abandono asistencial y ha demostrado innegablemente una ausencia de solidaridad social, una grave falta de conciencia y una alarmante desinstitucionalización que ya no puede continuar.

6. Asistencia médica. Ante la aparición de un creciente número de víctimas directas, considerando una población de al menos 15 000 adeptos según las propias fuentes de la organización, además de un número similar de familias afectadas colateralmente por los abusos psíquicos del Sodalitium, es evidente que un sector importante de la sociedad peruana estaría enfrentando un serio problema de salud pública. Esta alarmante situación debería sensibilizar, por un sentido elemental de solidaridad y de ética, al Colegio de Psicólogos del Perú, a la Sociedad Psiquiátrica Peruana y al Colegio Médico del Perú para crear urgentemente un sistema nacional de consultoría, asesoramiento y rehabilitación para las víctimas del Sodalitium Christianae Vitae que actualmente se encuentren en un estado de abandono, crisis y desconcierto que podría conducirlos a un desenlace fatal.

7. Asistencia legal. El hecho de que la totalidad de las víctimas denunciantes hasta ahora acuda a presentar su caso al Tribunal Eclesiástico, a una Comisión de Ética creada por el Sodalitium o, mediante pseudónimos, a medios de comunicación públicos, demuestra que, lamentablemente, hay una profunda desconfianza en la privacidad que se les pueda brindar y en la capacidad de recibir justicia dentro del sistema judicial estatal. Urge reformular conceptos jurídicos: considerar la libertad de conciencia como un derecho básico y fundamental del ser humano, reafirmar la separación entre Estado e Iglesia en asuntos legales, y priorizar a la víctima por sobre el “prestigio” de cualquier institución.

8. Imprescriptibilidad. Solicitamos al Presidente de la República, así como a los candidatos presidenciales de la segunda vuelta del actual proceso electoral y al nuevo Poder Legislativo, cumplir con la recomendación internacional del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, que en sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede, publicado el 25 de febrero de 2014, en su artículo 61, inciso e) dice específicamente que se “promueva la reforma del régimen de prescripción en los países en que este impide a las víctimas de abuso sexual de niños obtener justicia y reparación”. Lo doloroso de estas situaciones las puede hacer aflorar décadas después, por lo que su prescripción apenas a los tres años es un instrumento para la impunidad de los depredadores sexuales de menores, especialmente en este caso los del Sodalitium.

Lima, 3 de mayo de 2016

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La reciente publicación del libro «Mitad monjes, mitad soldados», de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, ha remecido a la congregación Sodalicio de Vida Cristiana. El pasado 21 de octubre, su superior general firmó un segundo comunicado, cuyo punto cuarto expresa lo siguiente:

«Reiteramos nuestro deseo de acompañar a todos los afectados, les pedimos perdón de todo corazón, y les ofrecemos nuestra ayuda en lo que sea necesario. Para realizar esto de modo efectivo nos proponemos crear una comisión ad-hoc, con participación de expertos externos a nuestra institución, que pueda salir al encuentro de cualquier persona que haya podido ser afectada. Al mismo tiempo nos comprometemos a investigar exhaustivamente hasta esclarecer la verdad de los hechos que son intolerables porque implican un grave sufrimiento de personas que confiaron en nuestra institución y traicionan nuestros valores más profundos. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades civiles y eclesiásticas».

La SSH saluda efusivamente tal iniciativa, y hemos aprovechado la ocasión para solicitar al SCV, a través de su superior general, considerar la participación de la SSH en la mencionada comisión ad-hoc, a través del integrante que podamos designar. Estaremos a la espera de cualquier respuesta, para saber si tal ofrecimiento es auténtico en el sentido de buscar establecer la verdad y actuar con toda la rigurosidad que el caso amerita, o si apenas se desea continuar con el encubrimiento.

Lima, 25 de octubre de 2015
SOCIEDAD SECULAR Y HUMANISTA DEL PERÚ
https://ssh.org.pe/

Carta enviada al SVC:

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El pasado domingo 30 de agosto, se difundió en el programa «Panorama», de Panamericana Televisión, una nota sobre el caso de Ángel Moyano, director ejecutivo de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Ángel se encuentra actualmente en prisión por un caso que explica el desprestigio en nuestro país de instituciones como el Poder Judicial y la iglesia católica.

Aunque estuvimos enterados de la situación desde sus inicios, luego de coordinaciones con Ángel y su familia decidimos no manifestarnos públicamente, para no interferir con el proceso legal ni con las acciones mediáticas que se estaban tomando. Ahora que el caso se ha hecho de conocimiento del público en general, deseamos enfatizar lo siguiente:

1. El origen de todo el problema es una disputa de propiedades, llevada desde un inicio iracundamente por Giuseppe Cressano en contra de Ángel Moyano. A Ángel se le acusa por difamación, pero no existen pruebas de tal cosa, pues todo el altercado se dio en un ambiente privado. No hay publicación ni aglomeración de gente en donde Ángel se haya referido al sacerdote en cuestión con ningún adjetivo. Bajo este criterio, en todo altercado entre dos personas donde vuelen insultos tendrían que terminar ambos en la cárcel. Para que exista difamación agravada, tiene que haber difusión masiva, y en este caso no la hubo.

2. El año pasado, la misma jueza dejó en libertad a un chofer ebrio que atropelló y mató a un hombre. Ese caso y el de Ángel, condenado sin pruebas materiales a la vista, nos muestran un comportamiento procesal incoherente y sospechoso, que amerita una inmediata investigación a la jueza Trevejos.

3. En instancias eclesiásticas se niega que Cressano esté habilitado para fungir de sacerdote. Sin embargo, en el reportaje televisivo se ve que lo hace a vista y paciencia, e incluso emplea su posición para ventilar sus querellas personales. Nos preguntamos entonces por la clase de institucionalidad de la iglesia católica, que si bien por un lado tiene procedimientos establecidos, adolece de los métodos de control necesarios para evitar esta clase de fraudes.

4. Instamos a todos los lectores a compartir y difundir estos hechos, con el fin de que la impunidad no continúe en estas instituciones, y de poner presión al Poder Judicial para que detenga esta aberración jurídica y libere a Ángel Moyano inmediatamente.

Para mayores detalles, revisar el informe en el programa Panorama:

Entrevista de Clara Rostworowski, esposa de Ángel, en Canal N:

Reportaje sobre chofer ebrio asesino liberado por la jueza Trevejos:

https://www.youtube.com/watch?v=BENfhTRQayA&feature=youtu.be

Un blog católico da cuenta de la destitución de Cressano como sacerdote:

http://cruxsancta.blogspot.com/2012/06/sacerdotes-que-afirman-haber-sido.html

Referencia a nota sobre violaciones a menores en un albergue dirigido por Cressano:

https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/cienciasforensesyderecho/conversations/topics/386

Página Facebook de solidaridad con Ángel:

https://www.facebook.com/pages/Libertad-para-Angel-Moyano/1481050092195357?ref=ts&fref=ts

‪#‎LibertadParaAngelMoyano

Lima, 2 de septiembre de 2015

SOCIEDAD SECULAR Y HUMANISTA DEL PERÚ

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En su desesperación por una realidad que le toca la puerta, el cardenal Cipriani volvió a despotricar contra la comunidad LGBT a raíz de la legalización del matrimonio igualitario en los EUA. Pero esta vez se deschavó y lo hizo con las expresiones más vergonzosas que se haya escuchado de un príncipe de la Iglesia en décadas.

Primero, repite el mantra absurdo de que se quiere destruir el matrimonio tradicional y la familia, algo que hasta ahora nadie ha podido respaldar con evidencia o algún argumento lógico. Luego, en su afán de tildar a los homosexuales de inmorales, usa el burdo cliché de los “bacanales romanos”, que nada tienen que ver con la realidad de parejas sanas y estables que quieren formalizar sus relaciones. En realidad, la Iglesia sería más consistente con sus propias enseñanzas si en vez de insultar, felicitara a las parejas que con tanta energía se quieren unir a una institución que celebra la estabilidad, el compromiso y la monogamia.

Cuando creíamos que el cardenal ya no podía ir más bajo desde que tildó a los derechos humanos de “cojudez”, nos vuelve a sorprender al comparar el matrimonio igualitario con el holocausto. Antes de soltar ese veneno ha debido pensar que los homosexuales fueron también víctimas del nazismo, los campos de concentración y las cámaras de gas. Y olvida Cipriani que el holocausto y el antisemitismo presente en la Europa de los años 30 fue el resultado de casi 2000 años de discriminación y persecución cristiana contra los judíos, y que su iglesia es la principal responsable de aquellos episodios vergonzosos.

Pero el cardenal nos tenía guardado lo mejor para el final, cuando de pronto saca una analogía entre el matrimonio igualitario y los ataques de terroristas islámicos. Parece ignorar que la motivación principal del EI (ISIS) para perseguir gays y arrojarlos desde azoteas es la misma que lo motiva a él a decir todas estas cosas: el prejuicio religioso contra los homosexuales y todo aquel que piense o actúe distinto al ideal de sociedad que quisieran imponer. En este sentido, es él quien se está comenzando a parecer cada vez más al EI.

Y es que, ¿realmente está comparando a parejas que se quieren casar con gente que se dedica a ametrallar turistas en las playas, esclavizar mujeres y reventar bombas en los mercados? ¿Queremos de guía moral y espiritual a una persona que denigra e incita al odio contra una comunidad minoritaria comparándolos con terroristas islámicos y nazis, con el objetivo de meterle miedo a la población? ¿No está pensando en cómo se van a sentir los miles de adolescentes gays y lesbianas que lo han escuchado?

Lo inmoral es que el más alto representante de la Iglesia en el Perú se exprese así de un grupo de personas que lo único que quiere es vivir en paz, sin ser discriminada. Es inmoral el maltratar, vejar y discriminar a una comunidad no porque haya cometido algún crimen o porque se componga de malas personas, sino únicamente por la naturaleza de sus relaciones personales, por cómo y a quién aman.

El cardenal intenta perpetuar una deplorable ideología tribal de “nosotros vs. ellos”, victimizándose e inventando una amenaza que no existe. Se pone como “defensor de la familia”, satanizando y pintando a la comunidad homosexual como el enemigo, para que de esta forma su iglesia vuelva a cobrar la relevancia que está perdiendo. Es grato que, finalmente, esta forma de pensar esté siendo confinada al basurero de la historia. Pero si la Iglesia quiere ser un referente moral en el país, pues que se comporte y empiece a actual como tal.

Lima, 30 de junio de 2015

Helmut Kessel

Presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú

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El atentado terrorista en París, el pasado miércoles 7 de enero, ha tenido repercusiones en todo el mundo, y el Perú no ha sido ajeno. Ante las respuestas que estos hechos han generado en nuestro medio, manifestamos lo siguiente:

1. La libertad de expresión y el derecho a la vida se cuentan entre los pilares de la cultura occidental. Los atentados fundamentalistas contra el semanario francés “Charlie Hebdo” son un claro desafío a ambos. Pero tan preocupantes como esta afrenta son las reacciones suscitadas en nuestro país.

2. Al día siguiente, el diario “El Comercio” publicó las declaraciones de Damin Husein Awad, Presidente de la Asociación Islámica del Perú. Además de argumentos extremadamente falaces para ocultar la responsabilidad ideológica del credo que profesa, Awad refirió que dibujar una caricatura antirreligiosa es un acto terrorista. Es importante recalcar en este punto la profunda inversión de valores y el discurso abiertamente manipulador empleado para ese fin. Porque los derechos se aplican a las personas, no a las ideas. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Constitución Política del Perú, se establece que la persona humana es el fin del Estado. La vida de las personas no puede equipararse a ningún sistema de ideas, de ningún tipo.

3. Por si fuera poco, la web de Radio Programas del Perú publicó una encuesta donde preguntaba si el semanario Charlie Hebdo había cometido “excesos contra las religiones”. El solo hecho de plantear esa pregunta en ese momento, sumado a la avalancha de personas que decían no avalar las muertes, pero exigían respeto a las religiones, nos pinta con tristeza a una sociedad civil peruana que no parece preparada para el siglo XXI. El respeto se debe a las personas, no a las ideas. Las ideas son para ser analizadas, aceptadas, refutadas, ridiculizadas e incluso despreciadas, pero jamás para ser respetadas. Y dicho tratamiento incluye a las religiones.

4. La libertad de expresión es irrestricta e innegociable. Ante los valores tan fundamentales que están en juego, no hay excusas u objeciones que valgan. Plantearlas en estas circunstancias equivale a ponerse del lado de la barbarie. Quien tenga los derechos y las libertades humanas en alta estima debe cerrar filas sin titubear en contra de cualquier ideología que pretenda pisotearlos o estar por encima de ellos.

5. Dado que los derechos y las libertades tienen como fin a la persona humana, esta representa los límites que ambos pueden tener llegado el caso. Límites que jamás pueden estar en alguna religión o sistema de ideas en particular. Claudicar en este punto representaría retroceder muchos siglos de evolución social, e ignorar los incontables derramamientos de sangre que la conquista de estos valores ha costado.

6. Ante la pobre respuesta en nuestro medio a estos acontecimientos, vemos con más urgencia que antes poner en el debate nacional la necesidad de asumir un Estado laico sin excepciones, que promueva una cultura de altos valores de convivencia donde no existan ciudadanos de segunda clase, ni ideologías o credos privilegiados. Estado e iglesia deben estar completamente separados, pues sólo una sociedad secular es garantía de educar a nuestros ciudadanos en estos valores.

Lima, 12 de enero de 2015

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El día 28 de julio, el cardenal Juan Luis Cipriani pronunció una homilía con motivo del 193 aniversario de la República del Perú. El cardenal ha hecho una serie de afirmaciones que resulta oportuno responder:

1. Las relaciones entre el Estado y la iglesia no se fundan en teología alguna. Por el contrario, el Estado se establece por grupos humanos muchos siglos antes de la existencia de la iglesia que el cardenal representa, o incluso de las religiones abrahámicas. Las definiciones del Estado moderno además, comienzan a formarse en el siglo XVI y se plantean más sólidamente en tiempos de la Ilustración y la Revolución Francesa, procesos que contaron con la férrea oposición de la iglesia.

2. El cardenal cita al Concilio Vaticano II en cuanto a que «la comunidad política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas en su propio campo». Al respecto, debería entender que esto se incumple en el Perú con la transferencia de millones de soles anuales del Estado a la iglesia católica, tanto en depósitos directos como en exoneraciones tributarias. Esa situación de dependencia y privilegio económico, de clara mentalidad colonial, es lo que el cardenal busca mantener. El ideal moderno de separación entre Estado e iglesia no le es conveniente.

3. El cardenal menciona que una democracia responsable debe buscar los criterios éticos para orientar sus instituciones esenciales. En ello concordamos, pero afirmamos que esos criterios están en la filosofía secular, la ciencia, la razón y la experiencia humana, ubicados justamente en las antípodas de los dogmas sobrenaturales y revelaciones divinas sin evidencia que la Iglesia defiende.

4. Dado que es fácil reconocer como statu quo desde los inicios de la República la intromisión de la iglesia en la política nacional, nos preguntamos si la ética de la iglesia tiene que ver con la proverbial corrupción de nuestros gobiernos. No olvidemos la cercanía del cardenal Cipriani con el gobierno de Fujimori y sus fuerzas armadas. ¿Dónde quedó la ética durante dicho periodo de gran influencia episcopal? ¿Es entonces el gobierno Fuji-Montesinista un ejemplo de lo que sucede cuando el cardenal Cipriani ejerce su mayor influencia en el Estado?

5. El Cardenal afirma que «El papel de la religión consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos». Al respecto,  racionalidad e irracionalidad son dos aspectos opuestos y complementarios de la mente humana. La fe y el dogma que la religión encarna son manifestaciones contrarias a la razón, por lo cual no pueden superponerse a ella para guiarla. Más aún, la religión no es base alguna ni fundamento último de la moral, que por el contrario, es un atributo humano innato y evolutivo. La religión no tiene el monopolio sobre la moral. Menos aún la iglesia Católica, tan proclive a priorizar sus intereses sobre la protección de los niños, al haber encubierto sistemáticamente a criminales.

6. La laicidad es ajena a toda idea de dioses o religiones. Al ser organizada la sociedad con el poder civil por encima del religioso, la paz y las libertades civiles tienen mayor probabilidad de ser garantizadas. Cuando el poder religioso manda, suele haber opresión, discriminación, homofobia de Estado, exclusión y persecución de minorías, totalitarismo y atraso social. Además la influencia religiosa desmedida suele traer resultados sangrientos: serbios (ortodoxos) vs. croatas (católicos) vs. bosniaks (musulmanes), musulmanes vs. judíos, protestantes vs. Católicos (Irlanda), Shias vs. Sunnis (Irak), etc.

7. La problemática de la justicia social y la equidad en la distribución del ingreso son asuntos centrales en las políticas de Estado. Para ello existen instituciones y canales adecuados para su discusión y formulación. Como bien dijo Carlos Bruce, las políticas de Estado no se deciden en la sala de la casa del cardenal.

8. Finalmente, el cardenal dice: «Hay personas que desean que la voz de la religión se silencie, o al menos que se relegue a la esfera meramente privada». No deseamos silenciar a nadie, pues creemos firmemente en la libertad de expresión, en el mercado de ideas y el libre pensamiento. La opinión de la Iglesia es eso, una opinión entre otros miembros de la sociedad civil y no debe imponerse a todos los peruanos mediante la ley, pues el Perú no es una teocracia. Los no-creyentes no tenemos por qué vivir bajo leyes basadas únicamente en doctrinas de una u otra religión. La inculcación de doctrinas religiosas sí debe relegarse a la esfera privada, y quienes abogamos por eso somos personas interesadas en que el Perú tenga un Estado laico moderno que lo coloque en la ruta del progreso y el desarrollo.

Lima, 29 de julio de 2014

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Consideramos vagas y faltas de sustento las razones por las cuales la Conferencia Episcopal Peruana se opone al proyecto de ley de Unión Civil, según su comunicado del 3 de abril. Dicho comunicado está compuesto de argumentos y aseveraciones que nada tienen que ver con el proyecto de ley o el objetivo que este persigue, argumentos que se contradicen a sí mismos y falacias sin elaboración, destinadas tan sólo a instigar temor.

Para comenzar, la existencia de varones y mujeres es irrelevante para la orientación sexual de los mismos y para los derechos civiles que dichas personas merecen. La complementariedad sexual entre hombre y mujer no aplica a homosexuales.

Bien expresan que la familia es anterior al Estado y está inscrita en la naturaleza humana. Pero también la homosexualidad es anterior al Estado y es una expresión natural de la sexualidad humana. Ello está reconocido por las instituciones mentales más prestigiosas del mundo, y es a lo que apuntan la evidencia y el sentido común. Lo que contraría el orden natural no es la Unión Civil, sino la represión sexual y el vivir en rechazo de la orientación sexual que la naturaleza le ha dado a cada uno.

La Biblia ha sido utilizada en el pasado para justificar la esclavitud, el abuso a los indígenas, la inferioridad de la mujer, la segregación racial y otras enfermedades sociales arraigadas por siglos. Una vez más, la Iglesia utiliza la Biblia para justificar la opresión a una minoría. El Perú es, además, un Estado secular, el cual está impedido de legislar basado únicamente en doctrinas religiosas.

Lo que atenta contra la dignidad de los peruanos es que la Iglesia pretenda mantener a dos millones de homosexuales como ciudadanos de segunda clase, viviendo con derechos disminuidos y sujetos al oprobio y el rechazo instigados por ella misma. La Iglesia no presenta evidencia ni explicación de cómo atenta contra la familia o menoscaba a la sociedad el que parejas homosexuales deseen formalizar sus relaciones. Eso es porque dicha evidencia no existe.

Es deshonesto también que la Iglesia se esconda detrás de los niños para ocultar sus propios prejuicios y homofobia. No existe evidencia alguna para afirmar que las uniones homosexuales amenacen la “sana orientación de los niños”. Es quizás el argumento más vil y pernicioso expresado en todo el documento, pues busca establecer una falaz relación entre los homosexuales y aquellos que les hacen daño a los niños, lo cual no tiene fundamento.

Es antidemocrático que la Iglesia se oponga a un proyecto de ley justo y necesario, porque después se podrían pedir otras cosas. ¿Por qué se opone la Iglesia a que la sociedad ponga en el futuro otros temas sobre el tapete democrático y se discutan? Recordemos también que las distintas visiones sobre la vida y la familia coexisten pacíficamente en una democracia mientras no se le haga daño a nadie. La aprobación de esta ley no afecta de ninguna manera el que los católicos puedan seguir viviendo como lo deseen.

El comunicado se contradice al expresar su rechazo a la discriminación por un lado, y oponerse a la igualdad de derechos para la comunidad LGBT en el resto del documento. Se contradice al pedir que se respete la dignidad de cada persona y los elementos propios de la naturaleza humana, pero a la vez faltando el respeto a la dignidad de los homosexuales al querer mantenerlos con menos derechos y afirmar que amenazan a la sociedad y a los niños. Se ignora también que la homosexualidad es un aspecto de la naturaleza humana.

Así mismo, la Iglesia no fundamenta por qué la Unión Civil atenta contra las diferencias entre el hombre y la mujer, ni en qué forma la aprobación de una ley cambiaría en algo la naturaleza humana de los peruanos. La mayoría de hombres y mujeres seguirá enamorándose, casándose y teniendo hijos. Pareciera que la Iglesia pretende fomentar que los homosexuales repriman su sexualidad y se unan a miembros del sexo opuesto, con lo cual vivirían una mentira. La ciencia ha demostrado que la represión sexual actúa en detrimento de la salud mental.

En decenas de territorios ya son legales la unión civil o el matrimonio igualitario, y en ninguno han sucedido calamidad alguna de las que vaticinan los opositores. Por el contrario, la sociedad se fortalece con los lazos que unen a las personas, con los compromisos que hacemos entre nosotros. Una sociedad conservadora valora las parejas estables, monógamas y de largo aliento. Es por ende absurdo que la Iglesia, en lugar de incentivar que las parejas homosexuales se comprometan, les ponga obstáculos y socave los esfuerzos para formalizar sus relaciones.

Los derechos de las minorías vulnerables no son asunto de una encuesta a las mayorías. Si se hubiera pedido la opinión mayoritaria en su momento, aún tendríamos esclavitud, segregación racial y no habría acceso al voto para mujeres y analfabetos. Un Estado moderno no puede ejercer la tiranía de la mayoría, pues así olvidaría su papel de protector y garante de los derechos de las minorías vulnerables.

Finalmente, a menos que la Iglesia deje de oponerse a este progreso en materia de derechos civiles, quedará otra vez del lado equivocado de la historia y será recordada de la misma forma como los antiguos esclavistas, racistas, perseguidores de judíos y opresores de la mujer. La Sociedad Secular y Humanista del Perú está dispuesta a debatir públicamente este proyecto de ley. Si la Iglesia comparte la misma disposición, puede nombrar un representante y fijar una fecha.

Lima, 6 de abril de 2014

Helmut Kessel

Presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú 

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El proyecto de ley contra las acciones criminales originadas por motivos de discriminación presentado por Carlos Bruce (también conocido como Ley de Crímenes de Odio), ha estado paralizado en la comisión de Justicia del Congreso. El jueves 13, la presidenta de la comisión decidió acumular diversos proyectos de ley que modifican el código penal en un solo dictamen, y pasó dichos proyectos al pleno para ser discutidos esta semana. Entre los que fueron acumulados está este proyecto. La ley busca que los delitos originados por sentimientos de discriminación u odio sean castigados de manera agravada, es decir, endureciendo o alargando las penas. 

El problema es que se pasó con un texto modificado que excluye de la lista original a las categorías protegidas de orientación sexual e identidad de género, es decir, se excluyen como minorías protegidas en esta ley a las lesbianas, gais y transexuales. Esto desvirtúa uno de los propósitos de la ley, que es proteger a los dos grupos más vulnerables a crímenes de odio.

Tenemos indicios que dicha modificación habría sido hecha a solicitud de congresistas de la comisión vinculados a iglesias evangélicas, las cuales siempre se han opuesto de manera férrea a cualquier consideración o reconocimiento de los homosexuales y transexuales como sujetos de derecho. Esto apuntaría a que la sustitución del texto responde únicamente a argumentos religiosos, lo cual no debería suceder en un Estado laico.

Algunos de estos congresistas forman parte de la bancada fujimorista, por lo que nos preguntamos cuál es la posición del fujimorismo frente a esto. ¿Es que acaso sus dirigentes piensan también que se debe excluir a lesbianas, gais y transexuales de una ley de crímenes de odio? ¿Es que acaso piensan que no merecen ser protegidos de asesinatos y otras agresiones que viven diariamente?   

Es vergonzoso que deliberadamente se excluya a los dos grupos más vulnerables a crímenes de odio de una ley que busca sancionar dichos crímenes. En el Perú es muy raro que se violente a personas sólo por su raza o religión; se da frecuentemente contra gais, lesbianas y transexuales y por ende, es inconcebible que ni siquiera se les mencione en este proyecto. Es también vergonzoso que los padres de la patria excluyan y marginen de esta manera a todo un sector de la población. Una sociedad, además, no puede permitir actos de violencia contra personas simplemente por pertenecer a uno u otro grupo humano.

Pero aún existe la oportunidad de que estas categorías sean re-incorporadas al texto durante el debate; esperemos que la razón y la evidencia se impongan sobre el dogma y la intolerancia. Es una lástima que sólo haya un congresista que está llevando esta agenda, Carlos Bruce. Y es una lástima también que el Perú esté tan atrasado con respecto a la región en materia de derechos civiles y protecciones anti-discriminatorias para este grupo humano. Habiendo formado parte del equipo que creó este proyecto de ley, en la Sociedad Secular y Humanista del Perú estamos indignados por este atropello a los derechos humanos de tantos peruanos.

Helmut W. Kessel

Presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú

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