Ayer jueves 28, el diario Perú21 reprodujo unas declaraciones del locutor Phillip Butters respecto de la próxima visita del papa Francisco al Perú, en las cuales aprovecha para denostar a las personas por no compartir sus creencias personales.
Al respecto, la Sociedad Secular Humanista del Perú manifiesta lo siguiente:
1. Las observaciones a la Costa Verde como local para una eventual misa del papa Francisco tienen un sustento puramente técnico, referido a las garantías de seguridad ofrecidas por el lugar para una alta concentración de asistentes. El propio Colegio de Arquitectos del Perú ha hecho eco de las observaciones de los técnicos del Ministerio del Interior. Por lo tanto, las declaraciones de Butters en cuanto a que a los integrantes del Poder Ejecutivo la seguridad «les importa un rábano», son completamente falsas.
2. Phillip Butters es conocido por su estrategia de satanizar a los grupos minoritarios, de modo que no sorprende en absoluto que en esta ocasión se haya prodigado en contra de los no creyentes. Cuando pregunta «¿Qué tanto se meten los ateos?», Butters pretende sacar la polémica por el escenario de la misa papal de los terrenos estrictamente técnicos, a los que debe circunscribirse, para reducirla a un asunto de personas y de pugna de creencias.
3. La visita papal tampoco es cuestión de preferencias personales o sentimientos, como pretende establecer Butters cuando dice «Quieren fastidiar la venida del papa, no les interesa que sea exitosa». A los no creyentes no nos interesa que los demás tengan o no creencias. Si los católicos desean una visita papal, que la financien principalmente los católicos, y que el Estado peruano no efectúe desembolsos excesivos, más allá de lo necesario para mantener el orden y la seguridad. Una parte de los millones del dinero público que se empleará en esta visita proviene de tributos de los no católicos, a quienes no se ha consultado. Los impuestos de los seguidores de otros credos, así como de los no creyentes, no deben alegremente destinarse a financiar al catolicismo.
4. Está bien documentado que las visitas papales son financiadas con el dinero de los contribuyentes, sean católicos o no. No estamos frente a un simple acto de difusión religiosa, sino a un conocido acuerdo político en que el Gobierno se beneficia de índices de popularidad y aprobación, mientras El Vaticano aprovecha para invisibilizar sus problemas internos. En nuestro caso, el Perú tiene una serie de prioridades de inversión, reconstrucción y déficits de infraestructura suficientes para considerar innecesaria la millonaria inversión del Estado en esta discutible visita. Más aún, esta se da en un contexto en que el propio papa Francisco ha blindado a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio y múltiples veces acusado de abuso de menores, a quien ha elogiado por poseer «el carisma del espíritu santo». Rechazamos tajantemente la complicidad del Estado peruano ante esta maniobra para echarle tierra a un escándalo de pederastia y callar las voces de las víctimas que reclaman justicia. Entendemos que El Vaticano proteja a sus abusadores y depredadores porque lo viene haciendo hace siglos, pero el Estado que representa a nuestro país no puede ser cómplice de un lobby religioso que perpetra tales barbaridades.
5. Al margen de las folklóricas declaraciones de Butters, es oportuno llamar la atención de la opinión pública sobre la inaceptable injerencia de la iglesia católica en espacios que no le corresponden. Las transferencias directas de dinero que recibe por parte del Estado suman unos pocos millones, pero las exoneraciones tributarias representan muchísimo más. Las demás religiones se financian con sus propios diezmos y donaciones, sin extraer fondos públicos. El trato preferencial a la iglesia católica en ese aspecto debe terminar de una vez.
6. La intervención católica también es inaceptable en la educación, pues con la complicidad del Estado se dedica a adoctrinar a la niñez y la adolescencia peruanas a través del curso mal llamado de “religión”, que en verdad es catecismo católico. Esta y otras formas de intromisión de la iglesia en la sociedad civil se fundamentan en el espurio Concordato firmado por el dictador Morales Bermúdez en 1980, pocos días antes de abandonar el poder. Es un tratado inválido por no haber sido refrendado jamás por ningún parlamento peruano, de modo que el Estado debería dejar de tomarlo en cuenta y acabar con tantos nocivos privilegios.
Creencia sin injerencia, religión con tributación.
Lima, viernes 29 de setiembre de 2017