Colaboradores y corredactores del proyecto de ley de Unión Civil
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Los abajo firmantes, ciudadanos indignados ante los abusos de índole físico, psicológico y sexual cometidos por el “Sodalitium Christianae Vitae”, y considerando la magnitud de la crisis moral y ética que se ha evidenciado, sin antecedentes en nuestra historia y que ha comprometido a la Iglesia Católica en todas sus instancias, emitimos el presente pronunciamiento:

1. Reivindicación. Es de justicia reconocer el papel que el librepensamiento peruano ha cumplido en el inicio de las investigaciones, en la motivación de las denuncias y en la estructuración del desarrollo de esta lucha laicista con el apoyo de la prensa alternativa local e internacional. Los librepensadores peruanos, junto con algunos padres de familia afectados, han sido los que por excepción, heroica y estoicamente, han cargado con la responsabilidad histórica de analizar, registrar, sintetizar y denunciar el accionar de esta infame rama del catolicismo peruano, y han aportado decididamente al resultado final que se dio en octubre de 2015 con la aparición del libro “Mitad monjes, mitad soldados”.

2. Estado laico. Para los seres humanos, un Estado laico es la forma más civilizada de vivir y convivir, pues se basa en el respeto y la tolerancia entre los diversos credos entre sí, y también entre creyentes y no creyentes. Por tanto, exigimos a todos los estamentos gubernamentales, religiosos y sociales nacionales que se respete el régimen de independencia establecido en el artículo 50º de la Constitución y no se privilegie a ningún credo en especial, como se hace con el catolicismo.

3. Derogación del Concordato. El Concordato, firmado clandestinamente en 1980 entre la Santa Sede y el Gobierno dictatorial de Francisco Morales Bermúdez, jamás ha sido discutido ni ratificado por ningún Congreso de la República. Beneficia unilateralmente al estado Vaticano y ha sido el sustento formal y legal sobre el cual el Sodalitium Christianae Vitae ha podido aparecer y desarrollarse, tanto en el campo religioso como también en el político, el educacional y, principalmente, en el ámbito financiero y empresarial, al privilegiarse con la exoneración de diversos impuestos de la que goza actualmente la Iglesia Católica. Existen muchas otras razones legales, históricas y éticas que exigen la derogatoria inmediata de este Concordato, que desvirtúa el espíritu laico como plataforma universal del desarrollo humano.

4. Disolución del Sodalitium. El Sodalitium Christianae Vitae es una organización peruana y debe ser sometido a la justicia peruana, investigado y sancionado por sus delitos, abusos y omisiones. Debe dictaminarse una medida cautelar sobre su extenso patrimonio y sus empresas en los ámbitos nacional e internacional, para garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada reparación. Dado que esta organización nació viciada por el engaño, la violencia, el racismo, la ideología fascista, el totalitarismo, la arrogancia, la intolerancia y la persuasión coercitiva en jóvenes con la consiguiente destrucción sistemática de la institución familiar, que es la base de la sociedad peruana, y principalmente por ser una organización contaminada por el execrable delito de la pederastia religiosa, exigimos que el Sodalitium Christianae Vitae sea definitivamente disuelto y erradicado de la sociedad peruana.

5. Conciencia nacional. Ante la vergonzosa pasividad e indiferencia de los organismos estatales, que deberían haber velado por la integridad física y la salud mental de nuestra niñez y juventud, exigimos, en el ámbito público, la inmediata intervención y pronunciamiento del Congreso de la República (legislación), el Ministerio de RR.EE. (Concordato), el Ministerio del Interior (denuncias policiales), el Ministerio de Justicia (demandas penales), el Ministerio de Educación (apafas y contenidos educativos), el Ministerio de Salud (salud mental), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (abusos de menores), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (ACI Prensa), la Defensoría del Pueblo (vulneraciones), la SUNAT (exoneraciones tributarias) y otros organismos estatales encargados de la defensa y la protección de los niños. En el ámbito privado, demandamos un pronunciamiento de las ONG de derechos humanos (derecho a la libertad de conciencia), del Colegio Médico del Perú (mala práctica médica) y de la Asociación Psiquiátrica Peruana (asesoramiento a víctimas), quienes a pesar de existir indicios y pruebas del accionar del Sodalitium desde hace más de 20 años, no se han manifestado públicamente ante la magnitud de esta crisis delictiva, moral y ética, generada en la vida nacional a lo largo de los 44 años de existencia de esta organización criminal. Ello ha dejado a las víctimas del Sodalitium en total abandono asistencial y ha demostrado innegablemente una ausencia de solidaridad social, una grave falta de conciencia y una alarmante desinstitucionalización que ya no puede continuar.

6. Asistencia médica. Ante la aparición de un creciente número de víctimas directas, considerando una población de al menos 15 000 adeptos según las propias fuentes de la organización, además de un número similar de familias afectadas colateralmente por los abusos psíquicos del Sodalitium, es evidente que un sector importante de la sociedad peruana estaría enfrentando un serio problema de salud pública. Esta alarmante situación debería sensibilizar, por un sentido elemental de solidaridad y de ética, al Colegio de Psicólogos del Perú, a la Sociedad Psiquiátrica Peruana y al Colegio Médico del Perú para crear urgentemente un sistema nacional de consultoría, asesoramiento y rehabilitación para las víctimas del Sodalitium Christianae Vitae que actualmente se encuentren en un estado de abandono, crisis y desconcierto que podría conducirlos a un desenlace fatal.

7. Asistencia legal. El hecho de que la totalidad de las víctimas denunciantes hasta ahora acuda a presentar su caso al Tribunal Eclesiástico, a una Comisión de Ética creada por el Sodalitium o, mediante pseudónimos, a medios de comunicación públicos, demuestra que, lamentablemente, hay una profunda desconfianza en la privacidad que se les pueda brindar y en la capacidad de recibir justicia dentro del sistema judicial estatal. Urge reformular conceptos jurídicos: considerar la libertad de conciencia como un derecho básico y fundamental del ser humano, reafirmar la separación entre Estado e Iglesia en asuntos legales, y priorizar a la víctima por sobre el “prestigio” de cualquier institución.

8. Imprescriptibilidad. Solicitamos al Presidente de la República, así como a los candidatos presidenciales de la segunda vuelta del actual proceso electoral y al nuevo Poder Legislativo, cumplir con la recomendación internacional del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, que en sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede, publicado el 25 de febrero de 2014, en su artículo 61, inciso e) dice específicamente que se “promueva la reforma del régimen de prescripción en los países en que este impide a las víctimas de abuso sexual de niños obtener justicia y reparación”. Lo doloroso de estas situaciones las puede hacer aflorar décadas después, por lo que su prescripción apenas a los tres años es un instrumento para la impunidad de los depredadores sexuales de menores, especialmente en este caso los del Sodalitium.

Lima, 3 de mayo de 2016

Survivors Network of Those Abused by Priests - SNAP PERÚ

Sociedad Secular Humanista del Perú

Movimiento de Análisis Sectario -  MASA PERÚ

Estado Laico Perú

Asociación Cultural Búho Rojo

La Universidad del Aire